Desde 2009, la participación ciudadana ha sido reconocida como un derecho en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En ella, se establece la necesidad de los países de crear mecanismos alternativos a los de la democracia electoral que permitan materializar este derecho.
La participación ciudadana es una pieza fundamental de la rendición de cuentas. Los ciudadanos son quienes dotan de sentido al proceso de informar, justificar y exigir resultados de los gobiernos. Los procesos de participación ciudadana potencian el uso de la información, fortalecen la legitimidad con la que se toman las decisiones y amplían el ejercicio de derechos fundamentales.
La fiscalización forma parte del ciclo de rendición de cuentas. Se trata de la generación de registros fidedignos, oportunos y comparables del uso de los recursos públicos, así como la existencia de mecanismos que permiten la vigilancia del cumplimiento de los propósitos públicos para los cuales se destina. Esta vigilancia o control externo es una tarea compleja y muy técnica, que requiere de una importante canalización de recursos cuyo resultado no siempre es asequible para la ciudadanía.
Por ello, instituciones internacionales y regionales –como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés) o la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) – han señalado la relevancia de promover la participación ciudadana para mejorar la amplitud y profundidad de las auditorías e incrementar la confianza pública en las instituciones. Dado que las entidades de fiscalización superior (EFS), sean estas Contralorías Generales o Auditorias, sólo pueden auditar una muestra de los recursos públicos ejercidos, la inclusión de la ciudadanía permite realizar un control concomitante, aportar conocimiento más cualitativo sobre la forma en que se está ejerciendo e implementando el gasto, así como documentar los impactos –positivos y negativos– que éste tiene en las comunidades.
En 2011, por ejemplo, INTOSAI realizó una recomendación del XXI Simposio Naciones Unidas/INTOSAI sobre la importancia de desarrollar “prácticas efectivas de cooperación” entre la ciudadanía y las EFS para fortalecer la rendición de cuentas gubernamental. En línea con INTOSAI y con la Declaración de Santiago de 2013,[1] OLACEFS emitió en octubre de 2016, la Declaración de Punta Cana, donde se define la participación ciudadana en el control fiscal como:
“La acción promovida desde las EFS por distintos mecanismos disponibles para que los ciudadanos de manera directa o a través de sus organizaciones, se vinculen efectivamente al mejoramiento de la gestión pública y de la calidad de la gestión institucional”
En esta Declaración, las EFS afiliadas a OLACEFS acordaron promover la participación real, efectiva y progresiva de la ciudadanía en las tareas de fiscalización, reconociendo su importancia.
Por esta razón, en los últimos años y de forma cada vez más creciente, las EFS en la región latinoamericana y en el mundo han diseñado e implementado mecanismos para involucrar a la ciudadanía en sus tareas, que varían en su profundidad y alcance. En América Latina, por ejemplo, la Iniciativa de Transparencia, Participación y Accountability (Iniciativa TPA) ha identificado tres tipos de mecanismos de participación ciudadana. El primero está relacionado con crear canales de comunicación con la ciudadanía -como buzones, líneas telefónicas, oficinas de atención, plataformas en línea- para recoger denuncias y opiniones ciudadanas. El segundo se refiere a abrir espacios formales para consultar a la ciudadanía sobre los temas o programas que deberían auditarse. Finalmente, el tercero consiste en crear mecanismos que permitan que la ciudadanía participe directamente o de forma conjunta con las EFS en las tareas de fiscalización.
Objetivo del Seminario
En México, las tareas de fiscalización a nivel federal son llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) quienes conjuntamente presiden el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Ambas instituciones han emprendido diversos esfuerzos para involucrar a la ciudadanía en las tareas de fiscalización.
Si bien, estos esfuerzos han sido importantes para acercar la información de la fiscalización a la ciudadanía, estos se han concentrado principalmente en la fase de denuncia y en la de divulgación de los resultados de la fiscalización. Estos esfuerzos han permitido “traducir” información técnica a un público mucho más amplio.
Destacan, por ejemplo, cómo desde el 2012, la ASF creó e implementó el Sistema Público de Consulta de Auditorías, plataforma que permite consultar en línea los documentos con hallazgos y resultados de las revisiones que realiza a la cuenta pública. Además, en su sitio de internet, la ASF ha puesto a disposición de la ciudadanía una guía que describe el trabajo de la institución, así como resúmenes ciudadanos de los informes. Los resultados de las auditorías también pueden consultarse de forma sencilla y atractiva en la APP Ciudadana y la APP especial para niñas y niños, disponibles en Android y IOs. Estos instrumentos aportan información fundamental sobre el ejercicio de los recursos públicos, sin embargo, existe un área de oportunidad en términos de lograr que la ciudadanía los interprete y utilice activamente.
La ASF recibe denuncias y sugerencias ciudadanas susceptibles de incorporarse en el Plan Anual de Auditorías que se construye tomando en cuenta la relevancia social de las auditorías que lo integran.
Aunque se ha avanzado sustancialmente en la publicación, difusión y acceso a los informes de auditorías, así como en la promoción de vías para que la ciudadanía denuncie posibles casos de corrupción, aún falta profundizar sobre los mecanismos existentes y abrir nuevas vías de colaboración entre Entidades de Fiscalización Superior y sociedad civil.
Además, en el singular contexto que aporta la pandemia ocasionada por el Covid-19, las actividades de las EFS pueden brindar un diagnóstico de cómo los Estados utilizan los recursos disponibles (humanos, financieros, de planeación, de infraestructura), para proteger la vida de las personas. En el mundo post- Covid19 es imposible imaginar un estado de cosas en el que los Estados y gobiernos no rehagan sus capacidades para cuidar del derecho humano por excelencia: la vida humana.
Para fortalecer estos esfuerzos, y considerando la experiencia que existe en otros países de la región latinoamericana en las EFS y en la sociedad civil, se propone convocar al Seminario Internacional: Participación Ciudadana en Procesos de Fiscalización.
El objetivo de este Seminario es abrir un espacio de intercambio de experiencias y diálogo sobre las prácticas de colaboración entre la ciudadanía y las EFS, con el propósito de hacer un balance de la situación actual con los logros y retos en este tema en la región latinoamericana y del Caribe para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana existentes.
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[1] “Noveno: OLACEFS propiciará el desarrollo de las más diversas formas de relación y buenas prácticas de articulación y trabajo colaborativo con ciudadanos y la sociedad civil, especialmente en cuanto a facilitar sus denuncias, a proporcionarles información útil y accesible basada en datos abiertos y a su inclusión en el ciclo de las auditorías, materializando y complementando de este modo la Declaración de Cartagena de Indias y de Asunción y las ISSAI 1, 10, 12, 20 y 21” OLACEFS, Declaración de Santiago, páginas 3-4.